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| Imagen tomada del portal web www.amnistia.ong. |
El informe realizado
por la ONG Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela en el 2015, indicó
que ante la inflación acumulada de 180,9% registrada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para cierre de año, se incrementó
cuatro veces el salario mínimo por decreto presidencial. A pesar de ello,
una familia promedio de cinco personas necesita
de 9,7 salarios mínimos para cubrir la canasta de alimentos básica,
estimada en Bs. 93.600 por el Centro de Documentación y Análisis Social de laFederación Venezolana de Maestros en diciembre de 2015.
Según el artículo 91 de
la Constitución, el Estado “debe garantizar a los trabajadores un salario mínimo vital, tomando
como una de las referencias el costo de la canasta básica”, que le permita vivir con dignidad y
cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e
intelectuales.
El coordinador de
Investigación de Provea, Inti Rodríguez, apuntó que el salario mínimo beneficia actualmente a un 40% de la población venezolana,
y aunque celebra la práctica del Ejecutivo Nacional de realizar aumentos constantes, señaló que los
mismos son “insuficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria”.
Implicación
económica y social
Blas Rivero, abogado especialista
en derecho laboral, consideró que hoy en día el problema central del país es de índole económico, ya que al
estar quebradas las empresas del estado, lo que debe hacerse es “aumentar la
productividad de las empresas para que estas a su vez aumenten sus salarios”.
Por su
parte, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del INCES, Carlos Patiño, destaca que otro elemento
negativo de estos aumentos salariales, es que son decretados por el Ejecutivo
de manera unilateral, sin el mecanismo
de diálogo social con otros sectores como el sindical. Implicando
directamente en la pérdida del poder adquisitivo para la clase trabajadora
frente al alto costo de la vida, lo que se refleja en aumento de la pobreza.
Finalmente,
Rodríguez concluyó que: “Cerca del 80% de la población, no es
capaz de cubrir los costos en materia alimentaria, por lo que sin duda tenemos
un escenario de acelerada erosión de los
derechos y conquistas sociales, así como de acelerada precarización de la
calidad de vida de los trabajadores venezolanos”.
Entrevistas
- Inti Rodríguez, coordinador de Investigación de Provea
- Blas Rivero, abogado especialista en derecho laboral
- Carlos Patiño, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del INCES:
Entrevistas
- Inti Rodríguez, coordinador de Investigación de Provea
- Blas Rivero, abogado especialista en derecho laboral
- Carlos Patiño, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del INCES:
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Entrevista a Carlos Patiño, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del INCES.  
Entrevista a Inti Rodríguez, coordinador de Investigación de Provea.
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